La ofensiva contra el derecho de huelga

Los sindicatos afirman que desde la primera huelga general de 2012 se han acumulado peticiones de cárcel que suman 120 años en 40 procesos penales de un total de 81 expedientes sancionadores que afectan a 260 sindicalistas.  En su opinión, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, se ha producido una variación en la interpretación del Código Penal.

Estos hechos se enmarcan dentro de una estrategia de descrédito de las organizaciones sindicales que trata de desalentar la actividad sindical, de proyectar una imagen violenta y delictiva del sindicalismo y de impedir el derecho a la huelga.

En el ámbito de la campaña de movilizaciones en defensa del derecho de huelga que están llevando a cabo los sindicatos, han llevado a cabo una ronda parlamentaria, en la que, según CCOO y UGT, los grupos parlamentarios han reaccionado "con sensibilidad" y con disposición a introducir las modificaciones necesarias en el Código Penal para que esta situación no pueda volver a producirse. Además se han comprometido a realizar iniciativas legislativas y preguntas al gobierno, para que evitar que algún sindicalista entre en prisión.

Las reacciones a esta situación no se han hecho esperar.

• La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo manifiesta su apoyo a la campaña que están desarrollando las organizaciones sindicales. Consideran que las actuaciones de la Fiscalía y las Delegaciones de Gobierno, inquietan a esta organización por entender que sitúa el ejercicio del derecho de huelga en la frontera del derecho penal.
• El Grupo de los Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo ha expresado al Gobierno para transmitirle su "profunda preocupación y condena por la ola de procesamientos a sindicalistas" en España "por participar en huelgas legales (…)" y solicita el indulto de los condenados.
• Jueces para la Democracia considera que el Art. 315.3 del Código Penal debe ser eliminado por entender que el derecho a no hacer huelga está correctamente salvaguardado a través del delito o falta de coacciones. Además, se trata de personas sin antecedentes penales y sin peligrosidad. La organización rechaza que el conflicto social se esté convirtiendo en un conflicto de orden público.

CCOO y UGT han tomado medidas frente a la OIT y el Comité Europeo de Derechos Sociales. Ante este último, han denunciado la vulneración de derechos laborales y sindicales

En cuanto a la OIT, los secretarios generales de CCOO y UGT, han presentado a su Director general, Guy Ryder, una queja contra el Gobierno español por violación del derecho de libertad sindical. Concretamente consideran vulnerados los convenios 87, 98 y 154 de la OIT.

Los sindicatos solicitan que la OIT admita a trámite la denuncia y que su Comité de Libertad Sindical condene la vulneración del ejercicio del derecho de huelga.

La denuncia va acompañada de una declaración de Jueces por la Democracia en la que se reclama la supresión del artículo 315 del Código Penal, del que se ha servido el Gobierno para imputar a los sindicalistas.